El 7 de octubre de 2020 la Cámara de Diputados de la Nación aprobó por 230 votos a favor del oficialismo y la oposición que las compras de las vacunas para producir la inmunidad adquirida del COVID-19 lleven implícito que ante un reclamo de las personas que tuvieran efectos colaterales, los tribunales intervinientes tengan la jurisdicción en el extranjero, o sea en el país de origen del laboratorio productor. Por supuesto que con ello buscan proteger sus intereses y patrimonio. Esta cuestión nos muestra una vez más que nuestro país, por no haber apostado desde la década del 60 hasta la actualidad a la investigación y producción estatal de medicamentos, vuelve a pagar por la actual necesidad ante la pandemia un tributo innecesario ante los monopolios internacionales.

Esta situación surge desde el Ministerio de Salud, pidiendo el tratamiento con urgencia a la Cámaras para así realizar los contratos de compra de las dosis necesarias para inmunizar a la población. Queda así establecido que el Ministerio de Salud de la Nación y la ANMAT deberán actuar como garantes y fiscalizadores del uso de estos productos. Nuestro sindicato pide que a partir de esta realidad las autoridades no solo reclamen por una “inmunidad soberana” sino también comiencen a trabajar concretamente en una “soberanía sanitaria” de la patria.

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