En un año de franco retroceso para los trabajadores médicos por la pérdida de nuestro poder adquisitivo, que con un arrastre del período anterior es cercano al 25%, con condiciones de trabajo que no se condicen con lo que representa teóricamente un trabajo decente, el empleador-gobierno de la Pcia. de Buenos Aires, saqueó nuestros salarios, y lo hizo unificado a los retroactivos de las bonificaciones (enero-octubre de 2018) y el bono de fin de año afectándolos con el impuesto a las ganancias.
Como ya hemos mencionado en muchos artículos previos, es muy grave la situación de los hospitales bonaerenses, ya que durante el año en curso ha aumentado el estado de deterioro de sus estructuras, y si bien entendemos que este gobierno ha recibido una “herencia” en la cual dichos establecimientos no estaban en condiciones para un buen funcionamiento, debemos afirmar que en estos años de “gestión” han empeorado notablemente, a pesar de haberse anunciado el inicio de muchas obras, y que en estos tres años no se llevaron a la práctica.
Los médicos debemos denunciar que las estructuras han aumentado sus falencias en lo edilicio, su equipamiento se ha tornado más obsoleto, y los planteles profesionales y no profesionales no alcanzan a cubrir la atención de las personas que la necesitan.
También debemos recordar que en un país donde aumenta el número de pobres año a año, el costo de vida aumentó el 48% y el empleo formal disminuye, las personas requieren necesariamente del hospital público, ese que el gobierno desmantela y desfinancia. Los trabajadores médicos nos vemos con la obligación ética de contar a la población y a las autoridades de esta realidad como lo haría cualquier otra persona que quiera preservar la salud de los bonaerenses.
En la actualidad, esto se hace más evidente en la emergentología, por la notable falta de profesionales médicos y por la falta de nombramiento de los planteles necesarios. Los trabajadores se jubilan, se enferman, mueren o migran a otros subsectores por las bajas remuneraciones, para buscar una canasta que les permita la subsistencia junto a su grupo familiar. Los que quedan tratan de resistir la sobrecarga laboral y lo único que logran es enfermarse y aumentar los puestos vacantes en estos servicios. Los reemplazos de las vacantes los realiza el empleador, contratando trabajadores no registrados, en negro, eso que llamamos en el mundo del trabajo “fraude laboral”. Una modalidad que utilizan es pagándole a través del recibo de terceros, hecho que deja entrever los gravísimos manejos administrativos, impensables siendo el Estado el pagador.
Los reemplazos de guardia, que deberían existir solo para casos eventuales o las licencias ordinarias, ya son parte de un folklore y es mayor el personal reemplazante que el de planta, generéndose un círculo vicioso que solo puede revertirse con una inversión económica capaz de producir los nombramientos suficientes. Lamentablemente, el empleador no invierte ni en infraestructura, ni equipamiento ni recursos humanos, hecho que lo convierte en un generador de los conflictos. Los médicos queremos un trabajo digno, decente, con condiciones laborales adecuadas, simplemente eso. Siempre colaboramos solidariamente con los enfermos, pero el empleador nos quita las herramientas, ¿será este su objetivo?
Mencionamos condiciones de trabajo porque a la hora de evaluar el ámbito laboral, vemos que la higiene hospitalaria es deplorable, por la falta del personal para estas tareas. El empleador no garantiza la higiene básica que los establecimientos de salud requieren. De esta forma, exponen a daños a los pacientes internados, a los que consultan y a los que trabajan.
Por estas razones los pacientes se infectan durante su internación, aumentan sus días de estadía, aumentan el gasto, todo ello evitable si se invirtiera en el nombramiento del personal faltante. Realizan un ajuste que no entendemos por su irracionalidad.
Según los datos recogidos por nuestros afiliados, la mayoría de los hospitales no cuenta con los sanitarios suficientes para el personal, y para los enfermos ambulatorios o internados, hecho que aumenta los riesgos que ya mencionamos y hace a los lugares más peligrosos que seguros.
En el orden de los expedientes para los nombramientos de los profesionales médicos ingresantes y los concursos de funciones, el tiempo que se tarda para concretar su circuito oscila entre los dos y tres años. En muchos casos, los trabajadores que revisten de manera precarizada ante la incertidumbre que esa situación les genera, también migran a otros subsectores que les dan la oportunidad de asegurarse de un empleo estable. La institucionalidad de todos estos hechos es clara: pretende desmantelar al sector público estatal y transferir la atención a otros subsectores en los cuales el lucro es el propósito de su funcionamiento.
¿Cómo van a tener acceso los 13 millones de pobres a la atención de la salud?
En las reuniones técnicas y paritarias que hemos tenido con la patronal durante el año, alertamos sobre estos hechos sin conseguir ningún tipo de resultado ni intención para revertir esta realidad. Por todo esto es que expresamos, ya al cierre de este año, que esto que vivimos no es posible revertirlo con tecnicismos sino con un financiamiento genuino de la salud pública para que el ámbito hospitalario signifique limpieza, igualdad de acceso, libre de violencia.
Todo lo expuesto se ve magnificado en los diferentes conurbanos bonaerenses, donde claramente las necesidades de la atención no pueden ser satisfechas con estas estructuras viejas y obsoletas. Hoy, el volumen de las consultas es creciente, siendo concordante con el aumento de la pobreza y la desocupación que sufre la población bonaerense. La pérdida del empleo formal provoca, a su vez, un desplazamiento de la demanda de la asistencia desde el subsector de la seguridad social al sector público. Está claro que los bonaerenses buscan soluciones a sus enfermedades, y el gobierno debe ocuparse de esta realidad. En síntesis, al gobierno de la Pcia. de Buenos Aires no le interesa la salud pública, la Señora Gobernadora debería replantearse que la salud en sí misma no es un negocio, y abandonarla en este marco de profunda crisis es ignorar que la salud es un derecho humano esencial, y desatenderlo es una inmoralidad.
Consejo Provincial de las Seccionales de Buenos Aires.
