El día viernes 9 de octubre del corriente se realizó una inspección a la clínica privada Avellaneda Medical Center, sita en la calle Paláa 325 de dicha localidad, motivada por diferentes denuncias y por una deuda salarial con un trabajador que fue contratado de manera precarizada en dicho sanatorio.

La misma fue realizada por la Dra. Angela Bertacchini y el Dr. Emiliano Baccarini, ambos acreditados como inspectores del distrito II y Ministerio de Salud, además de ser representantes de la Seccional Conurbano Sur de nuestro sindicato AMRA.

Al ingresar al sanatorio los inspectores se dirigieron al sector de UTI y pidieron al personal de enfermería hablar con el médico/a a cargo. Acto seguido se presentó una mujer de aproximadamente unos 25 años, que dijo ser de nacionalidad venezolana y quien, una vez solicitada su matrícula, se ausentó por unos minutos. Luego regresó con un papel en el cual figuraba anotado “DNU: 2000.055”, que dijo corresponder a un decreto de necesidad y urgencia. Asimismo se le preguntó si se encontraba algún otro médico en la UTI y expresó que otra colega estaba con ella realizando la guardia, pero al pedirle que la convocara dijo que “en realidad no había ido“.

Posteriormente los representantes de AMRA se reunieron con quien dijo ser la gerente médica, Dra. Noelia Picone, a quien se le expresaron los motivos de la inspección y se comprometió a elevar al dueño el reclamo del afiliado y corregir situaciones de irregularidades laborales como así también del ejercicio de la profesión médica.

Ya finalizada la inspección, y para asombro de los inspectores, uno de los colegas damnificados aseveró que la mujer que nos indicó el supuesto DNU, a quien él conoce, no es venezolana sino boliviana y no se desempeña en UTI ni concurrió al sanatorio ese día viernes. La fisonomía de la foto que les fue enviada no correspondía con la foto de la persona que se encuentra colegiada en el distrito II y posee matrícula.

Estas situaciones que incluyen desde el ejercicio irregular hasta el ejercicio ilegal de la medicina son frecuentes en muchas de las instituciones privadas del conurbano bonaerense, y atentan no solo contra la salud de la población en su conjunto sino que además menoscaban el sano vínculo laboral, impidiendo reclamos de recomposición salarial.

Por esta razón seguimos instando a las instituciones y a quienes tenemos funciones en ellas a que sigamos trabajando en corregir esta alarmante realidad.

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