COMUNICADO DE PRENSA
En estos últimos años se ha acentuado exponencialmente el deterioro sanitario en los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires. Si bien observamos el déficit en el conurbano bonaerense, tomamos una muestra de varios de esos establecimientos de la zona norte, entre ellos el HZGA Petrona V. de Cordero del partido de San Fernando, el HZGA Manuel Belgrano y el HIGA Eva Perón de San Martín.
No sabemos si es por la distancia con la capital provincial o por algún otro motivo, pero aquí los hospitales parecen olvidados. Intentamos hablar con las autoridades provinciales, quienes nos dieron “audiencias” en algunas oportunidades, en las que hemos informado lo que publicamos a continuación. A esta altura debemos hacerlo público porque no existieron respuestas a los reclamos que consideramos justos para el funcionamiento de un establecimiento hospitalario.
Las estructuras edilicias en algunos casos son aceptables para las necesidades de funcionamiento y en otras requieren una restauración completa. Los funcionarios locales de los establecimientos no dan respuesta lógica al déficit. Pareciera que se manejan en una especie de anomia, ya que administrativamente nada se produce. En varios casos algunos directores fueron denunciados por casos de corrupción al Ministerio y a la Oficina de Fortalecimiento Institucional (OFI), creada específicamente por orden de la Sra. Gobernadora para garantizar la máxima transparencia, de las que aún no hay respuesta.
Los directores quieren que los hospitales “produzcan” como si fueran fábricas con una población de recursos humanos totalmente disminuida para las necesidades sanitarias actuales. El congelamiento de vacantes heredado de la administración anterior sigue sin resolverse.
Sabemos, gracias a estadísticas publicadas en estos días, que contamos con 13,5 millones de personas pobres en nuestro país, que gran parte de ellos viven en el conurbano bonaerense y tienen como única alternativa la atención en hospitales públicos.
Nos preocupa la indolencia y el desinterés en nombrar a los médicos que realizan las tareas en total desventaja, con condiciones de trabajo que afectan claramente los resultados a la hora de medir la eficiencia y la eficacia de los tratamientos. Los pacientes llegan con estados avanzados de sus cuadros clínicos, requiriendo una atención de mayor complejidad y nada se hace para fomentar su prevención. En uno de los hospitales de alta complejidad se realiza una amputación en miembros inferiores por día, lo cual representa un altísimo costo personal, directo e indirecto, en un contexto de pobreza y desempleo que aumenta día a día.
Sumado a todo este desastre, debemos denunciar la falta de capacidad estructural y de equipamiento. A su vez, la falta de higienistas en los hospitales provoca que los hospitales se conviertan en un ámbito no apto para la atención. Nuestros afiliados han denunciado casos en los que ellos mismos deben limpiar el quirófano para que los pacientes no pierdan su turno quirúrgico, que es tan difícil de conseguir por la falta de anestesistas. Por supuesto que estas situaciones son conocidas por los directores de los establecimientos.
Otro ingrediente que complica esta cuestión es el estado de violencia tanto interna como externa que dificultan las tareas que los trabajadores deben realizar. La persecución laboral es una constante que sufren nuestros colegas, que son presionados por las autoridades para que eviten realizar reclamos laborales o denuncias.
Por otra parte, la Ley de Salud Mental vigente no es aplicable porque el Estado no cuenta con la estructura necesaria para garantizar la atención. Un agravante es que la psiquiatría se ha convertido en una especialidad crítica ya que en las últimas décadas desaparecieron los servicios con capacidad docente para su formación.
Asimismo, conocemos las demoras en el pago a los proveedores que ha provocado una crisis reciente al interior del Ministerio de Salud y que ello repercute en los hospitales. Pero ni los trabajadores ni los pacientes son responsables de esa situación.
En el ámbito de la obra social provincial, el IOMA, las cosas no van mejor. Fue vaciado de un patrimonio que le corresponde a los afiliados y los trabajadores de la provincia no logran cubrir sus necesidades asistenciales por esta razón. Los médicos que ofrecen su servicio a la obra social, no cobran o cobran con retrasos y descuentos leoninos, que no respetan lo pactado. En las clínicas y sanatorios estamos observando un nuevo fenómeno dado por la contratación de médicos, en su gran mayoría extranjeros, que no cuentan con la registración que la salud pública exige. En el conurbano norte hemos realizado inspecciones y encontramos una gran cantidad de personas que ejercían la medicina de manera irregular o ilegal. Muchos de ellos fueron detenidos y otros casos se encuentran judicializados.
Los médicos somos solidarios y no dejamos de atender a las personas que sufren, pero tenemos la obligación moral y profesional de denunciar esta terrible situación que el empleador-Estado y el gobierno no solucionan. Las organizaciones médicas queremos colaborar pero no nos dejan.
Este escenario, triste por un lado y peligroso por otro, es producto de un Ministerio que no actúa supervisando ni generando las condiciones propicias para que los bonaerenses puedan acceder a la salud como un derecho. Si las autoridades no solucionan esta realidad, este organismo deberá cambiar su nombre a Ministerio de Insalubridad.
