El 7 de octubre de 2020 la Cámara de Diputados de la Nación aprobó por 230 votos a favor del oficialismo y la oposición, que las compras de las vacunas para producir la inmunidad adquirida del Covid 19, lleven implícito que ante un reclamo de las personas que tuvieran efectos colaterales, los tribunales intervinientes tengan la jurisdicción en el extranjero, o sea en el país de origen del laboratorio productor. Por supuesto que con ello buscan claramente proteger sus intereses y patrimonio. Esta cuestión nos muestra una vez más que nuestro país, por no haber apostado desde la década del 60 hasta la actualidad a la investigación y producción estatal de medicamentos, vuelve a pagar por la actual necesidad de la pandemia un tributo innecesario ante los monopolios internacionales.

Esta situación surge desde el Ministerio de Salud, pidiendo el tratamiento con urgencia a la Cámaras para así realizar los contratos de compra de las dosis necesarias para inmunizar a la población. Queda así establecido que el Ministerio de Salud y la ANMAT deberán actual como garantes y fiscalizadores del uso de estos productos. Nuestro sindicato pide que a partir de esta clara realidad las autoridades no solo reclamen por una “inmunidad soberana” sino también comiencen a trabajar concretamente en una “soberanía sanitaria” de la patria.

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