Dr. Miguel Martínez García
Presidente Foro de Salud INADI Córdoba
Secretario General Asociación Médica de Córdoba

Convocado el Consejo Federal de Políticas Públicas Antidiscriminatorias por INADI Nacional a fines de Abril en Capital Federal, pretendió tratar la “Discriminación en el Acceso a Servicios del Sistema de Salud en Argentina”.
Intentó blanquear una discusión largamente relegada por todas las provincias.
Cada uno de los representantes de las distintas regiones, plantearon con crudeza la indefensión que en el marco sanitario golpea a los pobladores de menores recurso en el casi siempre frustrado intento por acceder a los sistemas de salud.
Pudo evidenciarse que en el ámbito público o privado, eran tantos los obstáculos para dicho acceso, como la exigua fluidez de ideas para revertirlo, por parte de los responsables en cada una de esas áreas.

¿Y LA LIEBRE?

Si el gobierno se embarcase en un proyecto bélico, sin dudar lo planificaría con las Fuerzas Armadas. Si la intención fuese urbanística, haría lo propio con Arquitectos o Ingenie-ros. Pues bien, si algo ha quedado claro hasta hoy (pandemia de por medio) es que los médi-cos deberían opinar.
“Para hacer guiso de liebre se necesita liebre”, solía balbucear sonriendo un controver-tido ex presidente movimientista cuando quisieron sacarlo de escena. En ese aspecto, los mé-dicos han sido los grandes ausentes, por no haberlos convocado, desconociendo y desprove-chando su capacidad en un área que manejan con sobrada experiencia.

NO SÓLO RELEGADOS, TAMBIÉN PERSEGUIDOS

La tarea que acompaña al ser humano en la enfermedad y la miseria es inestimable y no podemos dejar de reconocerla como crítica y hasta peligrosa. Sin embargo, para el Código Penal, un profesional de la salud que practica un procedimiento terapéutico para sanar a su paciente, tiene el mismo grado de responsabilidad que un sicario contratado para eliminar a otro individuo. O el caso en que un irresponsable alcoholizado subido a conducir su vehículo atropella a cualquier ciudadano que deambula por la calle.

Según el Código Civil, un médico puede ser sometido a juicio hasta diez años después de haber ocurrido el hecho, cuando muchas veces ya no quedan vestigios, recuerdos ni prue-bas que puedan respaldar su defensa.
Aquel que demanda a un médico puede “litigar sin gastos”, para que después de dos o tres años de proceso judicial y de prensa vergonzante que lo denigra ante la opinión pública, y que aún habiendo demostrado su inocencia, tiene que cargar con las costas propias y las del denunciante, pagando abogados, peritos y tasas de justicia.

El médico está obligado a “invertir la carga de la prueba”, como si fuese un violador o secuestrador, procurando demostrar su legítima inocencia. ¿Acaso no gozan de los mismos derechos que el resto de los ciudadanos, de ser inocentes hasta que se demuestre lo contra-rio?
Cabría preguntarse ¿cómo es posible que un Juez decida sobre el proceder de un mé-dico, aconsejado por un perito que generalmente ni siquiera está a la altura en experiencia del nivel académico del profesional denunciado? La República de Méjico, por ejemplo, somete estas demandas a un Comité de Expertos en la materia y si el estamento científico lo amerita, es derivado al Juez para el procesamiento.

DESPUÉS DEL 28 DE JUNIO